La guerra de los estatutos en el sector de la estiba termina el 30 y los estibadores dan un ultimátum de tres dias

 

Las empresas, alarmadas ante la multa cierta, que ya les va a poner Competencia, por haber firmado la subrogación mediante convenio colectivo, y ante la paradoja de haberlo hecho con la aquiescencia de la Dirección General de Trabajo, de la Administración, temen que si ahora, en la subrogación real que no teórica, mediante convenio, al formar los CPE, centros portuarios de empleo se les vuelve a multar, van a ir de multa en multa.

Hasta ahora, en Barcelona y en otros lugares, los diálogos entre abogados han logrado mantener un mínimo de negociación con Coordinadora. Pero esta en su "sanedrín secreto" de 11, 12 y 13 en Tenerife, tomó la decisión de lanzar un ultimátum que se acaba el día 30 de septiembre: aquellas empresas que no se adhieran y firmen los nuevos centros portuarios de empleo, CPE, con todos sus estatutos se arriesgan, siempre presuntamente, a tener problemillas, y ya se sabe que en este tipo de trabajo el problema es que no carguen ni descarguen tu barco pero sí el de al lado, por casualidad no más.

El nerviosismo cunde porque los empresarios se ven solos ante el peligro y una vez más vuelven a criticar con amargura al gobierno de turno, aunque tampoco se escapa el gobierno anterior, que creen también muy responsable por no haber solucionado el tema.

Los empresarios creen que, una vez más, quedan al pie de los caballos teniendo que resolver ellos una reforma de la estiba que curiosamente tiene las sentencias a su favor del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014 y de los tribunales de competencia españoles, además de una Ley, la 8/2017 que se supone tiene que desarrollarse también en un reglamento.

Es decir, que los gobiernos anteriores y este han hecho "tal pan como unas tortas" donde son al final los empresarios uno a uno los que, a la hora de firmar una subrogación legal mediante convenio al cambiar el Cuarto Acuerdo Marco y ahora adhiriéndose a, CPE, centros portuarios de empleo y aceptando y firmando los estatutos, tengan que enfrentarse a las consecuencias de hacer o no esa reforma de la estiba que los gobiernos y los tribunales dicen haber hecho e impuesto.

La desesperanza cunde en el empresariado, que cree que de aquí al día 30 tendrán que firmar, uno a uno, todos aquellos que pretendían hacer las cosas más o menos bien y asegurarse de que lo que firmasen no les llevase a tener problemas.

Todo gira alrededor de los estatutos de los Centros Portuarios de Empleo y su transformación desde la Sageps, estatutos que si son minuciosos tienen que fijar qué trabajadores se subrogan y, a la hora de salir de las empresas, con qué trabajadores se tienen que quedar, en qué orden de antigüedad, en qué orden de categorías profesionales...en fin, todo aquello que se recogía para las sociedades anónimas de gestión de empleo portuario en la Sageps y que los socios quieren dejar bien claro y dejar bien claro de cara a los portuarios.

Parece ser que cuanto más minuciosos son los estatutos es peor y que el Centro Portuario de Empleo de Valencia tiene una redacción más light, por así decirlo, sin complicarse la vida y que parece que no tendría tantos problemas con las autoridades de Competencia, sin embargo, los empresarios dicen que a cambio de eso quedan expuestos a demandas futuras de los estibadores sin cuantificación y sin límite, quedando virtualmente en idéntica situación a la que tenían con el supuestamente ilegal sistema de las sociedades de estiba obligatorias y que se supone que la Unión Europea había censurado.

En la desesperación algunos empresarios piden que la huelga sea total que solo con convocarla el Gobierno tendría que intervenir.

No es extraño que ayer la Sagep de La Luz, en las Palmas, se apresurase a anunciar que ya se transforma en CPE, y que no supone ningún cambio porque los estibadores seguirán controlando la formación.