Bruselas examina quejas de la nueva ley de la estiba y deja en el aire su visto bueno

 

A medidos de mayo el Gobierno de Rajoy lograba, con votos de Ciudadanos y del PNV, la aprobación del real decreto ley para la reforma de la estiba. Solo lo logró en el segundo intento, después de que el Congreso lo tumbara en una votación en marzo.

“Parece que la reforma aborda las restricciones a la libertad de establecimiento en los puertos”, señaló horas después el portavoz comunitario de Transportes. Todo en orden, por primera vez, después de que España hubiera tardado 29 meses en cumplir con la sentencia del TJUE de 2014. Al Gobierno le cayó una multa de tres millones de euros, poco comparado con los 24 que pedía la Comisión Europea: unos 27.000 euros por cada día de retraso en cumplir con la primera sentencia del TJUE.
Bajo lupa
El proceso ha sido largo, y en abril de 2019 el Gobierno, ya en manos del PSOE, aprobó otro real decreto ley de la reforma de la estiba que completa los puntos que estaban pendientes de la reforma de mayo de 2017 que se acordó con el sector de la estiba.

Pero el asunto ha vuelto a primera línea. Fuentes de la Comisión Europea admiten que no pueden “concluir en este punto si es compatible con la legislación de la Unión Europea”, que es en realidad el fondo de la cuestión: si los cambios hacen que el reglamento esté en línea con las normas europeas.

Bruselas confirma que ha recibido quejas por parte de distintos actores, y que ahora es el momento de mirar con lupa la nueva normativa. “Actualmente hay varias quejas pendientes que deben evaluarse a la luz de la nueva legislación”, explica a El Confidencial una fuente del Ejecutivo comunitario, que señala también que la Comisión mantuvo “intercambios abiertos y constructivos” con el Gobierno español mientras este diseñaba el proyecto de ley.
El Gobierno socialista esperó al último minuto para aprobar el real decreto ley por el que se desarrolla la reforma de la estiba. Lo hizo justo antes de las elecciones, con medidas como una línea de ayudas públicas de 120 millones de euros destinada a sufragar las prejubilaciones y bajas voluntarias de los estibadores, con una plantilla que asciende a 6.150 personas en toda España.

Además, el nuevo texto garantiza la subrogación de los estibadores ante la progresiva desaparición de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (SAGEP), que tenían el control del colectivo hasta que España se vio forzada a romper el monopolio para cumplir con la sentencia europea. Ahora están siendo reemplazadas por centros portuarios de empleo, autorizados a usar un contrato de aprendizaje para dar entrada a nuevos profesionales.