Competencia investiga la negociación nacional de la estiba tras la denuncia del Puerto de Vigo

 

"Denunciamos porque creemos que hay serios indicios de que por la vía de la negociación colectiva se pretende dejar sin efecto el Real Decreto que liberaliza la estiba. A otros puertos no parece que les importe esto, pero al de Vigo sí porque al lado, en Marín, ya existe una liberalización de facto", expone López Veiga.

Por la debilidad que sufre el puerto de Vigo ante la imposibilidad de competir con precios ventajosos frente a los oferta Marín, Maersk trasladó tráficos a la terminal vecina y MSC se lo plantea. López Veiga sostiene que la solución definitiva que corregiría ese preocupante panorama pasa por la liberalización del sector, pero sabe que esta no se hará efectiva hasta dentro de dos años y medio, el periodo transitorio que marca el Real Decreto. Es demasiado tiempo para evitar la temida desbandada de navieras a la otra ría. Así que hace más de un año emprendió una serie de acciones con el mismo objetivo: una rebaja de costes urgente.

La primera consistió en denunciar ante la CNMC esos acuerdiños que favorecieron los elevados costes de la estiba viguesa. Consiguió que ambas partes -comité de empresa y accionistas de la Sagep- se sentaran a negociar un pacto local, pero siguen distanciadas. Según el presidente portuario, si firmaran ahora un acuerdo -estuvieron a punto el pasado diciembre-, la CNMC contemplaría el "cierre convencional" del caso, o lo que es lo mismo, el archivo del expediente, evitando así la amenaza de la multa que pende sobre ellos.

El riesgo a la reincidencia

La otra acción es de recorrido bastante más largo y transciende las fronteras de la Autoridad Portuaria de Vigo. Las esperanzas que había depositado López Veiga en el Real Decreto que tanto costó aprobar en el Congreso al Gobierno de su partido (PP) se esfumaron tan pronto trascendieron los primeros detalles de las negociaciones del V Acuerdo Marco. Y aquí nace su decisión de presentar la denuncia ante la Dirección General de Movilidad y Transporte de la CE. Dirigida contra Anesco y los sindicatos (Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar, UGT, CC OO, CIG y CGT), el presidente volvió a justificarla ayer al subrayar "que no se pueden firmar cosas que obligan a otras empresas que no forman parte de la patronal", caso de Termavi, la responsable de la terminal de contenedores de Vigo (Grupo Davila).

"Cosas" como las que desgrana en el escrito presentado ante el organismo comunitario: la subrogación del 100% del personal, el control de acceso a la profesión o la cualificación de los estibadores. López Veiga está convencido de que estos aspectos van contra los principios comunitarios. Vaticina además que Bruselas rechazará el borrador del segundo decreto del sector -conocido como el "reglamentario"- que le envió el Gobierno basándose en los compromisos suscritos por sindicatos y la patronal. No contempla otra posibilidad. "Porque lo pactado hasta ahora podría acarrearle otra multa a España por reincidencia", advierte.